El presupuesto 2025 proyecta una recaudación total de $175 billones. Excluyendo los Derechos de Exportación e Importación, el Impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios y demás tributos y tasas con asignaciones específicas (pero de menor cuantía), esta masa de recursos se distribuye según los parámetros de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Este esquema establece que la distribución primaria se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes:

-42,34% en forma automática a la Nación (de este porcentaje se reasigna un 0,70% para Tierra del Fuego y un 1,40% a la CABA).

-54,66% en forma automática al conjunto de provincias adheridas.

-2% en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires 1,5701%; Chubut 0,1433%; Neuquén 0,1433%; Santa Cruz 0,1433%.

-1% al Ministerio del Interior para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.

En definitiva, y luego de las detracciones, el 57,66% de los recursos -con las excepciones ya señaladas- deberían terminar en las arcas provinciales.

Sin embargo, existen tres asignaciones específicas que implican una resignación de recursos para las provincias de $6 billones (considerando el TC del presupuesto a diciembre de 2025, dólares 5.000 millones, aproximadamente): la asignación específica del 11% de IVA; los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles; y el componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.

Lo novedoso de la situación actual es que nunca las provincias vieron tan afectadas las transferencias por parte del gobierno nacional. Ya sea trasferencias directas como así también la eliminación de rubros como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Si el Gobierno nacional avanza en la transferencia de obligaciones a las provincias, las provincias deberán reclamar fondos que les pertenecen y que son «retenidos» por leyes y decretos que establecen asignaciones específicas a determinados recursos coparticipables.

Si esto no se revisa, en el 2025 el superávit de las cuentas públicas nacionales lo sostienen las provincias.